El asunto es el siguiente: el director técnico sabe que tiene que hacer un cambio urgente. El juego ha transcurrido de forma violenta y su equipo tiene el número mínimo de jugadores en la cancha. Su portero se ha lesionado, así que está obligado a realizar la sustitución. Caso opuesto, perderá el juego por sustracción de materia.
En el banco hay tres alternativas: Un delantero eficiente para anotar goles, no para evitarlos; un talentoso armador que no se recupera del todo de una lesión y un marcador central de esos que se destacan por sus constantes faltas y repetitivas expulsiones.
El árbitro exige que se realice el cambio o, finalmente, decretará la conclusión del partido. Mientras que en el palco directivo se exige pronto la sustitución sin obedecer los reclamos del técnico acerca de mejores alternativas.
En el banco hay tres alternativas: Un delantero eficiente para anotar goles, no para evitarlos; un talentoso armador que no se recupera del todo de una lesión y un marcador central de esos que se destacan por sus constantes faltas y repetitivas expulsiones.
El árbitro exige que se realice el cambio o, finalmente, decretará la conclusión del partido. Mientras que en el palco directivo se exige pronto la sustitución sin obedecer los reclamos del técnico acerca de mejores alternativas.
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La Corte Constitucional ha decidido, nuevamente en pocas semanas, sentar un precedente algo grave para la institucionalidad nacional. Su rechazo y devolución de la terna para elección del Fiscal General de la Nación ha provocado que el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial inicie un nuevo capítulo.
Desde el Gobierno se rechaza esta actitud con reglamento en mano: la Corte debe elegir de la terna enviada por el Presidente. La Constitución, dicen, no establece que los magistrados deban evaluar las capacidades de los candidatos. Parece la razón estar del lado presidencial.
La Corte Suprema, en aparente desobediencia al mandato constitucional, ha decidido que los ternados no son los ideales para ocupar el cargo, aludiendo entre otras razones su falta de experiencia en la materia penal. De los escándalos, inhabilidades o incapacidades de cada uno ya han hablado extensamente los medios.
La realidad, sin embargo, muestra a una Corte que aunque parezca desobediente actúa de forma más responsable de lo que se destaca en otras instancias de la rama Judicial y ni qué decir de la Ejecutiva, cuyos actos parecen sacados de la peor historia propagandística de la izquierda radical: Subsidios del AIS, por ejemplo.
El criterio presidencial ha estado lejos de ser el más acertado: ministros de pocas o ausentes capacidades para ocupar sus cargos, embajadores incomprensiblemente integrados en la carrera diplomática, entre otros muchos funcionarios de dudosa reputación.
Los ejemplos de los fallos en el criterio presidencial son numerosos. Saltan a la vista Salvador Arana o Cuello Baute, por ejemplo.
Pero el caso más sonado y que aun hoy repercute, a pesar del supuesto 80 por ciento que se mantiene fiel al Gobierno, es el de un señor Noguera en el DAS. Chuzadas, falsos positivos y entrega de información reservada a las mafias paramilitares se convirtieron soterradamente en la política institucional.
Hoy Uribe y sus subalternos, cuando el escándalo de las chuzadas traspasó las fronteras, acusan a manos criminales de estos hechos. Dicen que las mafias infiltraron el DAS. Ya se ha dicho: La mafia se infiltró cuando el Presidente nombró a Noguera. No antes. No después.
Si el Presidente fue capaz de poner a un criminal de la calaña del señor Noguera en la dirección del DAS, a un paramilitar como Salvador Arana en la diplomacia o, en el campo personal, a elegir como uno de sus compadres a un confeso hampón como Cuello Baute, es comprensible la duda inconstitucional de la Corte Suprema.
Podría nombrar al nuevo Fiscal con la terna que le presentaron como -insisto, dicen- es su obligación. Pero hacerlo convertiría a la Corte en cómplice del imprevisible (?) criterio, el del 80 por ciento “inmodificable, inalterable”, el mismo de los 4 millones de firmas.
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El criterio presidencial ha estado lejos de ser el más acertado: ministros de pocas o ausentes capacidades para ocupar sus cargos, embajadores incomprensiblemente integrados en la carrera diplomática, entre otros muchos funcionarios de dudosa reputación.
Los ejemplos de los fallos en el criterio presidencial son numerosos. Saltan a la vista Salvador Arana o Cuello Baute, por ejemplo.
Pero el caso más sonado y que aun hoy repercute, a pesar del supuesto 80 por ciento que se mantiene fiel al Gobierno, es el de un señor Noguera en el DAS. Chuzadas, falsos positivos y entrega de información reservada a las mafias paramilitares se convirtieron soterradamente en la política institucional.
Hoy Uribe y sus subalternos, cuando el escándalo de las chuzadas traspasó las fronteras, acusan a manos criminales de estos hechos. Dicen que las mafias infiltraron el DAS. Ya se ha dicho: La mafia se infiltró cuando el Presidente nombró a Noguera. No antes. No después.
Si el Presidente fue capaz de poner a un criminal de la calaña del señor Noguera en la dirección del DAS, a un paramilitar como Salvador Arana en la diplomacia o, en el campo personal, a elegir como uno de sus compadres a un confeso hampón como Cuello Baute, es comprensible la duda inconstitucional de la Corte Suprema.
Podría nombrar al nuevo Fiscal con la terna que le presentaron como -insisto, dicen- es su obligación. Pero hacerlo convertiría a la Corte en cómplice del imprevisible (?) criterio, el del 80 por ciento “inmodificable, inalterable”, el mismo de los 4 millones de firmas.
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Perdón: Autogol.
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